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Campesino asesinado por su lucha contra la Presa La Parota
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Acción urgente acerca del asesinato de un opositor al proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica en México que de construirse desplazaría a 25.000 personas. HIC-AL, junto a otras organizaciones con sede en México que conforman el Espacio DESC, desde hace dos años esta apoyando los opositores al proyecto con distintas acciones.

Tomás Cruz Zamora, campesino opositor a la construcción de la Presa La Parota, en el municipio de Acapulco, Estado de Guerrero (México), fue asesinado en el último domingo, 18. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) informa que Zamora murió tras la conclusión de la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros, que reunió unos 4 mil campesinos y no tuvo la presencia del Gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca. El gobernador fue convocado para sostener un dialogo con los campesinos sobre los efectos negativos de la construcción de la presa.

El Consejo afirma que la muerte del campesino refleja la aflicción de miles de campesinos que desde hace dos años luchan contra la decisión de la Comisión Federal de Electricidad de construir la presa. "Esta comisión está instalada en el proyecto foxista (del presidente Vicente Fox) de entrega del país al extranjero".

Son unas 590 viviendas pretende el gobierno inundar. Aunque la Comisión Federal de Electricidad cuenta sólo 2.812 habitantes que serían desplazados, varias comunidades rebasan, cada una, esa cifra. Sin embargo, los pobladores saben cuántos son: más de 20 mil habitantes de 13 poblados ubicados en tres municipios del estado de Guerrero que tendrían que abandonar sus lugares. De estos terrenos ejidales y comunales el 76% de su población se dedica a la actividad agrícola. El embalse cubriría 13.728 mil hectáreas de superficie.


Informe del Espacio DESC* sobre los acontecimientos y las violaciones a los derechos humanos relacionados con el proyecto Hidroeléctrico “La Parota”, Estado de Guerrero, México

Septiembre 2005

Introducción

La zona donde se pretende construir el proyecto Hidroeléctrico “La Parota” está situada principalmente en los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecoanala, en el Estado de Guerrero, México, que se encuentra en el sur del país colindando con los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y Michoacán. De construirse la presa, según los opositores al proyecto, se inundarán 17.000 hectáreas, incluyendo tierras de cultivo, carreteras y puentes, en las que se encuentran 21 comunidades, y se desalojarían a 25.000 personas en razón de las inundaciones.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE)[1] comenzó a impulsar el proyecto, que pretende aprovechar las aguas del río Papagayo y las del río Omitlán,a partir de 1976. Desde esa fecha la CFE llevó a cabo campañas esporádicas de prospección y reconocimiento en la zona. A partir del 2002 intensificó su actividad en los bienes comunales[2] y ejidos[3] de la región y con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y local comenzó a realizar estudios topográficos, a introducir maquinaria, a desmontar cerros para construir caminos y todo tipo de actividades encaminadas al estudio y trazado de la presa[4].

La CFE sostiene que con el proyecto se inundarían alrededor de 14.000 hectáreas y que el número de desplazados sería sólo de 3,048 personas.

El proyecto, que ha sido rechazado por una parte muy importante de los habitantes de la zona, afectará la vida cotidiana y los ingresos de miles de personas ya que en la región son numerosas las familias de comuneros, ejidatarios y pobladores que viven de lo que siembran y cultivan (maíz, jamaica, papaya, melón, limón, entre otros productos agrícolas) así como de la cría de animales.

Además la construcción de esta mega presa está siendo fuertemente cuestionada, incluso por el Banco Mundial[5], por el alto costo ecológico y económico que provocará. Algunos especialistas han subrayado que la planta, que tiene un costo de mil millones de dólares, “sólo generaría electricidad unas cinco horas diarias, precisamente las de mayor demanda de energía”. La transnacional que ganara el concurso se haría cargo de la obra mientras “los pobladores no tendrían nada que ganar ya que ellos, la poca electricidad que pueden necesitar, la requieren a muy diversas horas”[6].

Finalmente, a diferencia de lo que proclama la CFE, no hay ninguna garantía para que los afectados tengan empleo durante los diez años de construcción de la hidroeléctrica ya que la paraestatal normalmente emplea a trabajadores de Estados distintos al escogido para levantar la presa.

Cronología

Desde junio de 2003, los pobladores comenzaron a organizarse instalando un plantón en el lugar conocido como “el Fraile” para no permitir la entrada de maquinaria de la CFE. Actualmente se encuentran instalados cuatro: uno en Cruces de Cacahuatepec, otro en El Cantón, un tercero en Parotillas y el último en el ejido Dos Arroyos.

El 25 de abril de 2004, el Presidente de Bienes Comunales de Cacahuatepec[7], Crecencio Jerónimo Aparicio en alianza con la CFE, convocó a una Asamblea General de Bienes Comunales con el objeto de que los comuneros aprobaran la realización de estudios y trabajos técnicos tendientes a la construcción de la obra. De acuerdo con el Acta de dicha Asamblea los comuneros dieron su aprobación. Sin embargo, el 24 de junio de 2004, 1590 comuneros interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito cuarenta y uno, una demanda de nulidad en contra de dicha asamblea así como de todos los actos, convenios y documentos que, a partir de su ilegal aprobación, se han venido celebrando. En la demanda se especificó que la convocatoria a dicha asamblea no cumplió con las disposiciones legales, ya que no fue convocada conforme a lo que señala la ley agraria y debido a se llevó a cabo en lugar distinto al habitual. También se señala en ella que la asamblea se desahogó en media hora con un supuesto quórum de 3.000 comuneros y con la presencia de representantes de la CFE y otros funcionarios públicos. Los comuneros han presentado pruebas para demostrar que muchas de las firmas asentadas en el acta son falsas y que no pertenecen a comuneros legalmente reconocidos. Así mismo existen diversos testimonios según los cuales la CFE pagó 200 pesos mexicanos por muchas de las firmas que quedaron asentadas en el acta.

En julio de 2004, en el ámbito de la criminalización llevada a cabo por parte del Gobierno hacía los opositores al proyecto, se liberaron órdenes de aprehensión en contra de algunos representantes de comunidades y miembros del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP) y se detuvieron arbitrariamente a 4 comuneros, de los cuales se sigue proceso penal a Marco Antonio Suástegui Muñoz y a Francisco Hernández Valeriano. Suastegui ha recibido amenazas de muerte y está siendo permanentemente hostigado.

El 13 de diciembre de 2004, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)[8] aprobó en forma condicionada el Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico de la Presa “La Parota”, así como los efectos jurídicos que se deriven de la resolución administrativa.

En marzo de 2005 los comuneros presentaron ante la autoridad competente, un recurso de revisión por la autorización condicionada de dicho manifiesto. Hasta la fecha el proceso administrativo aún no cuenta con una resolución.

El 19 de enero de 2005, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario – autoridad ante la que se encuentra en trámite el juicio de nulidad en contra la asamblea del 25 de abril del 2004- decretó una medida cautelar para suspender cualquier tipo de actividad de la CFE en el área de Bienes Comunales de Cacahuatepec.

El 18 de febrero de 2005, el Juez Tercero de Distrito concedió al Presidente de Bienes Comunales de Cacahuatepec suspensión provisional contra la medida cautelar, ordenando que las cosas guarden su estado actual. Sin embargo la CFE continuó con los trabajos.

En junio de 2005 se presentó ante la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco, denuncia de hechos contra la CFE, posiblemente constitutivos del delito, por el cambio de uso del suelo forestal realizado de manera ilegal. El 15 de julio de 2005 el Tribunal Unitario Agrario acordó dar paso a la medida precautoria solicitada por 1590 comuneros inconformes y ordenó que las cosas se mantengan en el estado en el que actualmente se encuentran, ordenando notificar a la CFE que se abstenga de realizar estudios en tanto no se resuelva el juicio por sentencia ejecutoriada.

El 5 de agosto de 2005, a solicitud de la CFE el Presidente de Bienes Comunales de Cacahuatepec emitió una nueva convocatoria con el objeto de celebrar, el 14 de agosto de 2005, otra Asamblea General de Bienes Comunales en el poblado el Campanario, Municipio de Acapulco, para obtener la anuencia de los comuneros y ejidatarios para llevar a cabo el proceso de expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción de la presa hidroeléctrica “La Parota” y para que la CFE realizara el trámite de cambio de uso del suelo de éstos mismos terrenos.

El 11 de agosto, el Espacio DESC recibió una invitación, por parte de comuneros de Cacahuatepec, para observar el desarrollo de la asamblea. En respuesta a esta solicitud, se conformó una misión de observación con el objetivo de monitorear y documentar las condiciones en las que se llevaría a cabo la asamblea y verificar que se desarrollara conforme a derecho y respetando el modo habitual en que los comuneros convocan y celebran sus asambleas. Ese mismo día el Espacio DESC solicitó medidas cautelares para los comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) con el fin de evitar la generación de hechos violentos y asegurar que todos los asistentes ejercieran de manera libre sus derechos agrarios. Al día siguinte la CODDEHUM concedió las medidas cautelares. Para dar cuenta de las ilegalidades cometidas en la convocatoria y el intento de realización de la asamblea, que no se llevó a cabo por haberse generado un enfrentamiento entre los opositores al proyecto y las centenas de policías presentes, la comisión de observación elaboró un Informe[9] (Anexo I).

El 14 de agosto de 2005, el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec convocó nuevamente la asamblea general de comuneros que se llevó a cabo el 23 de agosto de 2005 en el Municipio de San Marcos. En esta asamblea se acordó entre otras cosas la anuencia para que la CFE solicite que se lleve acabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción de la presa. Sin embargo, el 7 de septiembre de 2005, 3.282 personas afectadas interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario una demanda de nulidad en contra del acta de dicha asamblea, de la primera convocatoria del 5 de agosto de 2005, de la segunda convocatoria del 14 de agosto, así como de todos los actos, convenios y documentos que, a partir de su ilegal aprobación, se han venido celebrando. En la demanda se especifica que la primera convocatoria no cumplió con las disposiciones legales, ya que no fue expedida dentro de los plazos que establece la ley agraria y por no haber sido fijada en todos los anexos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. De la segunda convocatoria los comuneros firmantes no recibieron nunca información formal y no fue fijada en los lugares de costumbre. Asimismo se señala que los comuneros que la subscriben fueron detenidos por alrededor de 400 y 600 policías que les impidieron llegar al lugar de la asamblea, la cual se desahogó en solo 15 minutos con la presencia de la CFE y otros funcionarios públicos. Además existen diversos testimonios según los cuales la CFE pagó distintas cantidades de dinero para convencer numerosos comuneros a votar a favor del proyecto y que estos mismos llevaban un distintivo anaranjado que sirvió para identificarlos y permitirle la entrada en la asamblea.

El los primeros días de septiembre de 2005 los comuneros opositores a la presa invitaron al Gobernador del Estado, que se había dicho favorable a organizar una reunión abierta con ellos, a acudir a una asamblea el día 18 de septiembre en la comunidad de Aguas Calientes, Bienes Comunales de Cacahuatepec, para dialogar. El Gobernador no acudió a la asamblea en la que, según los participantes, estuvieron presentes cerca tres mil comuneros de 32 pueblos. Al terminar la asamblea un comunero que había participado en ella fue asesinado de un balazo por otro comunero que está a favor de la presa. Según declaraciones de uno de los voceros de los opositores, el asesinato es resultado del conflicto provocado por el proyecto hidroeléctrico.

Según las versiones de varios comuneros, durante todo el proceso la CFE ha estado presionando por separado a los miembros de distintas comunidades con la finalidad de obtener la autorización de los pobladores para la expropiación y el cambio de uso del suelo. Paralelamente, y sin la debida autorización, la paraestatal ha continuado con la construcción de caminos, el trazado de la presa y los estudios de prospección afectando la flora y fauna de la región e invadiendo tierras comunales sin los permisos y autorizaciones correspondientes.

Frente a estos acontecimientos a partir de julio 2004, las organizaciones del Espacio DESC, tanto colectivamente como singularmente, además de haber estado invitadas a compartir encuentros, talleres y reuniones, han elaborado y circulado alrededor de una decena de acciones urgentes, cartas de preocupación, pronunciamientos dirigidos a funcionarios públicos estatales y federales, a representantes de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, a organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y a medios de comunicación. Un resumen de estas acciones se puede consultar el Anexo II

Conclusiones

Considerando:

· el grave aumento del estado de tensión social provocado por el reciente asesinato de uno de los opositores al proyecto que se enmarca en la división y polarización que se ha venido dando en las comunidades y que ha sido propiciada por las instituciones y funcionarios públicos federales y estatales;

· que desde que la CFE volvió a impulsar el proyecto las autoridades han violado numerosos derechos humanos como información, consulta y participación;

· que las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de los comuneros como son vivienda, salud, trabajo, alimentación, medio ambiente, desarrollo sustentable, entre otros, constituyen una amenaza constante para la vida comunitaria de los pobladores de la zona;

· que varias fuentes nos han proporcionado información que el gobierno mexicano tiene la intención de emitir la licitación de la presa entre septiembre y octubre de este año.

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informarles de los graves acontecimientos relacionados con el proyecto hidroeléctrico; pedirles difundir esta información, suscribir y enviar la acción urgente que encuentran en el Anexo III.

Para mayores informaciones y comunicaciones pueden dirigirse a:

Maria Silvia Emanuelli, Oficina Regional para América latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) hic-al@hic-al.org

Lilia Moreno, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, limoreno@sjsocial.org

* [1]El Espacio DESC, capítulo mexicano de la PIDHDD, está conformado por: Casa y Ciudad, de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (C.m.d.p.d.h.), DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud, FIAN - sección México, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Oficina Regional para América latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (hic-al). El presente informe ha sido elaborado con base en numerosos documentos que se han trabajado a partir de abril de 2004, visitas a las comunidades afectadas, documentos oficiales y artículos de prensa.

* [1] El Espacio DESC, capítulo mexicano de la PIDHDD, está conformado por: Casa y Ciudad, de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (C.m.d.p.d.h.), DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud, FIAN - sección México, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Oficina Regional para América latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (hic-al). El presente informe ha sido elaborado con base en numerosos documentos que se han trabajado a partir de abril de 2004, visitas a las comunidades afectadas, documentos oficiales y artículos de prensa.

[1] Para mayor información sobre la CFE se puede consultar la página http://www.cfe.gob.mx/

[2] Los bienes comunales o terrenos comunales son tierras que se restituyeron a comunidades de campesinos o indígenas, porque se les reconoce que estaban en posesión de ellas antes de la reforma agraria que tuvo origen de la Revolución de 1910.

[3] El ejido es una institución compleja producto de la Revolución mexicana, difícil de describir en pocas palabras. Simplificando se puede decir que es un tipo de tenencia de la tierra y que se conforma por una unidad agrícola no menor de 10 hectáreas para beneficio común de un determinado número de familias o ejidatarios.

[4] CFE Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de construcción, Proyecto Hidroeléctrico La Parota estado de Guerrero, México 2002

[5] En este sentido se expresaron los consultores del Banco Mundial Luis Yeng y Jan Van den Akker durante una reciente visita a México. Sus declaraciones se pueden leer en “Alto costo ecológico de presas hidroeléctricas: BM”, “El Financiero” del 23 de agosto de 2005.

[6] Antonio Gershenson en “La Parota” editorial publicado en “La Jornada” del 28 de agosto de 2005.

[7] Los Bienes Comunales de Cacahuatepec están integrados por 47 anexos (comunidades). Estos cuentan con 37,749 hectáreas de las cuales –según datos de la CFE- serán afectadas 1, 594. Sin embargo esto sólo se refiere a la inundación de las tierras de tres comunidades: Garrapatas, Arroyo Verde y San José Cacahuatepec, el resto de los 44 poblados anexos, también serán afectados por la muerte del río Papagayo, que producirá un grave impacto ambiental en toda la región, así como por la sequía y el aumento de salinidad en las tierras.

[8] Para mayor información sobre la SEMARNAT se puede consultar la página www.semarnat.gob.mx

[9] Entre otras cosas, a la comisión de observación le sorprendió el inusual número de elementos policíacos en una asamblea de comuneros.



 
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