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Hábitat III y el Derecho a la Ciudad - Por qué necesitamos un nuevo paradigma urbano
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Lorena Zárate, Presidenta de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC)

El sistema de la ONU necesitará abordar los actuales modelos y desafíos de urbanización, haciendo que el derecho a la ciudad sea un tema clave en la agenda internacional y no algo que se discute esporádicamente, cada veinte años.

Tras casi tres años, incluyendo los últimos cuatro meses de negociaciones intensas y complicadas, el texto de la denoiminada Nueva Agenda Urbana (NUA, por sus siglas en inglés) está listo para su aprobación durante la tercera Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que se celebrará en Quito, Ecuador (Hábitat III). Algunas voces están bastante satisfechas con el proceso y el resultado hasta ahora, otras no. Algunas voces se muestran optimistas sobre la implementación y seguimiento de las medidas que se han establecido; otras no. Lo que sí está claro es que el balance general no puede enmarcarse en una formulación categórica de "todo o nada".

A través del proceso, varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Coalición Internacional del Hábitat (HIC)[1] y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C, por sus siglas en inglés)[2], en alianza con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)[3], han participado en algunos de los preparativos, como los encuentros oficiales regionales y temáticos, múltiples ediciones de Urban Thinkers Campuses y la General Assembly of Partners. Al mismo tiempo, nuestros miembros participaron en las Unidades Políticas responsables de redactar las aportaciones significativas para el primer borrador de la Nueva Agenda Urbana (mayo 2016), y hemos revisado y expresado de manera colectiva nuestra opinión sobre las diferentes versiones de la agenda y los Documentos Temáticos desde mayo de 2015.

Desde hace más de un año, hemos realizado una enérgica campaña a favor de la inclusión explícita del derecho a la ciudad [4]como piedra angular de la NUA, logrando el apoyo de algunos países y una fuerte oposición de otros. Gracias a la movilización internacional y a las incansables acciones de incidencia a múltiples niveles, su definición y muchos de sus principales contenidos y principios son parte ahora de la "visión compartida" de la Declaración de Quito (párrafos 11-13) que los líderes mundiales suscribirán más tarde, consiguiendo que por primera vez este concepto esté incluido en una agenda internacional firmado por los gobiernos nacionales al nivel de la ONU.

La definición sintética se refiere al "uso equitativo y al disfrute de las ciudades y asentamientos humanos, buscando promover la inclusión y asegurando que todos sus habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, económicos, resilientes y sostenibles, para promover la prosperidad y la calidad de vida para todos". También reconocen "los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para adoptar esta visión, referida como derecho a la ciudad, en sus legislaciones, declaraciones políticas y cartas".

Entre los componentes clave que vale la pena mencionar:

- el respeto y garantía de todos los derechos humanos e igualdad de género para todas-os;

- la función social de la tierra, el control público de los procesos de gentrificación y especulación,

- la promoción y apoyo del espectro amplio de opciones de vivienda y seguridad en materia de tenencia, incluyendo la producción social del hábitat y los modelos de alquiler, colectivos y de cooperativas;

- la prevención de los desalojos y desplazamientos forzosos, además de la lucha contra el sinhogarismo;

- el reconocimiento de las contribuciones de los sectores informales y de la economía social y solidaria a la economía urbana en su conjunto;

- El compromiso a la gestión responsable y sostenible de los recursos naturales, y bienes culturales y patrimoniales; y,

- la visión integrada del territorio más allá de la división urbano-rural, entendiendo las interacciones y responsabilidades más allá de las fronteras administrativas.

Aunque todas las referencias a la "democracia" han sido eliminadas del texto tras el primer borrador, hay varias menciones a la promoción significativa de la participación social y ciudadana en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y los presupuestos locales y nacionales. También se menciona la necesidad de una mayor coordinación entre instituciones dentro y entre los diferentes sectores del gobierno, además del reconocimiento del papel clave de los gobiernos locales y subnacionales en el progreso hacia ciudades más inclusivas, participativas y sostenibles.

No somos ingenuos y sabemos que tener estos valores y compromisos en papel no es suficiente. También sabemos que muchos de estos valores y compromisos ya estaban incluidos en la Agenda Hábitat (1996) e incluso antes, como parte de la Declaración de Vancouver (1976). Hará falta, además de coordinación entre instituciones (como la NUA recomienda), una visión a largo plazo sobre coherencia política entre medidas económicas ( incluyendo financieras y fiscales), políticas, sociales, culturales y medioambientales que actualmente no están alineadas en términos de objetivos y medios, y que dan lugar a resultados contradictorios e incluso contraproducentes.

Desde hace décadas, varias voces han estado reclamando un cambio de paradigma para comprender las ciudades, asentamientos humanos y territorios como bienes comunes - para las generaciones presentes y futuras - que son creados y deberían ser gestionados entre todas-os. Un componente clave para el cambio de paradigma será colocar de verdad al ser humano en el centro, promoviendo, respetando y garantizando los derechos humanos para todas-os, fomentar la participación social en la toma de decisiones y en los procesos de implementación de políticas públicas, fortaleciendo la democracia, la transparencia y la responsabilidad. Activistas, comunidades y organizaciones de base son protagonistas clave de las transformaciones progresivas actuales de nuestros asentamientos humanos y deben ser reconocidos y apoyados como tal.

Un cambio real de paradigma incluirá necesariamente un cuestionamiento serio de los actuales modelos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, en general, y especialmente de los asentamientos humanos. El mantra del "crecimiento económico sostenido", mencionado repetidamente en la NUA, no es compatible con la justicia social y las fronteras del planeta. Además requerirá un cambio cultural y una revisión profunda de nuestros valores y símbolos que ponen la avaricia y el lucro por encima de todo.

Muchas organizaciones y algunos gobiernos locales de todo el mundo consideran que, siendo una agenda programática y política, el derecho a la ciudad ofrece instrumentos concretos para transformar los asentamientos humanos en bienes comunes y en una creación colectiva. Avanzando hacia la implementación del paradigma sobre ciudades y territorios como derechos, y no como mercancías, requerirá si duda cambios fundamentales en las concepciones, conocimientos, actitudes y prácticas de un espectro amplio de actores e instituciones en múltiples niveles.

Algunos incluirán, por supuesto, voluntad política, comportamientos y habilidades democráticas de los funcionarios públicos a nivel nacional, subnacional y local. También requerirá una profunda transformación de los planes de estudios actuales y de la experiencia profesional de muchas áreas relacionadas con los asentamientos humanos: arquitectos, ingenieros, urbanistas, abogados, además de economistas, políticos y diplomáticos. Las escuelas de negocio necesitarán incorporar los derechos humanos y los enfoques territoriales y de sostenibilidad si queremos realmente poner a las personas y a la naturaleza en el centro de nuestras preocupaciones y acciones.

En vista de la actual crisis urbana, de vivienda y de tierra, no hay tiempo para esperar para hacer cambios en terreno. Tal y como lo vemos. el "éxito" de la Conferencia Hábitat III debe ser medido por las políticas concretas que aborden las escandalosas y crecientes desigualdades y segregaciones a nivel local, nacional e internacional.

El sistema de la ONU necesitará abordar los actuales modelos y desafíos de urbanización, haciendo que el derecho a la ciudad sea un tema clave en la agenda internacional y no algo que se discute esporádicamente, cada veinte años.


[1] Más información en http://ww.hic-gs.org

[2] La Plataforma Glboal por el Derechoa la Ciudad (GPR2C, por sus siglas en inglés), lanzada en 2014 por iniciativa de HIC y el Instituo Polis de Brasil, busca promover la adopción de los compromisos, políticas, proyectos y acciones por parte del sistema de Naciones Unidas y los gobiernos locales y nacionales con el objetivo de desarrollar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, democráticos y sostenibles. Entre los miembros y aliados de la GPR2C hay varias organizaciones internacionales como Action Aid, Cities Alliance, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos deCiudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la red intercontinental para la Economía Social y Solidaria (RIPESS), the International Fund for the Development of the Cities (FMDV), la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, Habitat for Humanity, the Huairou Commission, la Alianza Internacional de los Habitatntes (AIH), Shack/Slum Dwellers International (SDI), Techo, Women in Cities International (WICI), Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing (WIEGO), la Fundaciones Avina y Ford; además de varias organizaciones brasileñas incluyendo el Foro Nacional por la Reforma Urbana (FNRU), la Frente Nacional de Prefeitos (FNP), la Associação Brasileira de Municípios (ABM) y el Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU). Para más información visite: http://www.right2city.org/

[3] Más información en https://www.uclg.org

[4] El filósofo, geógrafo y sociólogo francés Henri Lefebvre fue el primero en acuñar este concepto mientras ejercía como profesor en la Universidad de Nanterra estudiando el proceso de urbanización a finales de los 60. Según su conceptualización, el derecho a la ciudad, como un derecho complejo y colectivo, está unido a la necesidad de democratizar la vida urbana, no solo accediendo a lo que ya existe sino además participando de su transformación y renovación. El cumplimiento de la función social de la tierra y la propiedad y el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones eran elementos clave en su prolífico trabajo. Para más referencias vea el libro edcitado por Neil Brenner, Peter Marcuse y Margit Mayer (2012) Cities for People, Not for Profit. Critical Urban Theory and the Right to the City, Routledge, NYC.




 
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