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Ofensiva en Barcelona contra las okupaciones
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El consistorio barcelonés explora vías legales que permitan el desalojo de inmuebles privados, previa comunicación al propietario y sin orden judicial, en 48 horas.

REPRESIÓN / INTENTO MUNICIPAL DE IMPLANTAR EL “DESALOJO EXPRESS” Ofensiva en Barcelona contra las okupaciones David Fernández , Barcelona El consistorio barcelonés explora vías legales que permitan el desalojo de inmuebles privados, previa comunicación al propietario y sin orden judicial, en 48 horas. JPG - 32.6 ko DETENCIONES INDISCRIMINADAS. Manifestación contra el Plan Bolonia en Barcelona./Edu Bayer

Siete desalojos, cargas policiales, montajes mediáticos, una decena de heridos y una comisión municipal ad hoc de expertos para poner punto y final a la ocupación. Hasta aquí llega el balance represivo de enero en Barcelona contra el movimiento social de okupaciones. Los barrios y espacios liberados de Sants, Sant Andreu, Trinitat Vella, Gr cia y el Raval han sido los máximos perjudicados, y viviendas y centros como L’Esbarzer, Kan Mireia, el Mambo o Planeta han sucumbido a los desalojos efectuados por los Mossos d’Esquadra en un clima de tensión mediática y política.

Desde hace dos meses, todas las fuerzas políticas municipales debaten en una comisión específica sobre ocupación dos informes jurídicos para modificar el marco legal contra este movimiento social. Uno de los informes sugiere endurecer la vía penal -larga, lenta y a través de una reforma que debería ser aprobada en las Cortes españolas-, mientras la otra propuesta defiende modificar el derecho civil catalán, opción más rápida porque sólo requiere su aprobación en el Parlament catalán. Ambos informes responden a la petición del consistorio de explorar vías que permitan el desalojo de inmuebles privados, previa comunicación al propietario y sin orden judicial, en un plazo de 48 horas, como ya sucede en los edificios de propiedad municipal. Es “la pena de muerte para la ocupación”, en opinión de Francesc Camps, portavoz de una Can Vies amenazada. Y recuerda que los abogados del Ayuntamiento que impulsan esta propuesta son los mismos que promovieron “las clasistas ordenanzas cívicas contra la pobreza y la prostitución para barrerlas de las calles”.

En la misma escena política, y fruto del tratamiento diferenciado dado a la ocupación vinculada a la precariedad vital (exclusión, desahucios, pobreza) y la okupación política y reivindicada, algunas voces del tripartito municipal -ICV, ERC e incluso PSC- sugirieron la posibilidad exploratoria de abrir canales de diálogo con el movimiento okupa, activo en todos los barrios de la ciudad. Pero de inmediato, esas declaraciones fueron desacreditadas tajantemente por el alcalde Jordi Hereu, que anunció que Barcelona iba a dejar de “ser jauja” para los ocupas. Una jauja cuestionable si se compara con los datos oficiales presentados por los Mossos : 150 desalojos en 2006.

Mientras tanto, pareciera que la dinámica impuesta por los nuevos gestores de Interior, la formación ecosocialista ICV, con Joan Saura al frente, se limita -en público- a puntualizar que ellos sólo cumplen órdenes judiciales. En privado, la presión política y policial sobre los jueces no ha cesado en todos los casos de nueva okupación, implementando de facto el ‘desalojo express’. Ése ha sido el caso, en el barrio de Gr cia, del nuevo centro social de la calle Planeta, que apenas ha durado 15 días.

Abogados consultados por DIAGONAL aseguran que los Mossos d’Esquadra ya han tomado la iniciativa y han intensificado la presión sobre los jueces para que rubriquen órdenes inmediatas de desalojo. Esta dinámica policial se ha visto agravada con la espectacularización de los desalojos (una enorme grúa en el caso de L’Esbarzer de Sants), con el exhaustivo control de las últimas movilizaciones y con la represión en las protestas. Tras el último desalojo en Sants, los Mossos d’Esquadra anunciaron que quedan pendientes todavía 20 desalojos y que pretendían solventarlos en “pocos meses”.

Al respecto Iván Miró, de l’Assemblea del Barri de Sants, también ha señalado : “Se está contribuyendo a la definición de un estereotipo, el ocupa, en tanto que ser caracterizado por no ser sujeto político ni merecedor de derechos sociales. Tras la definición vendrá la extirpación quirúrgica de todas las prácticas políticas, vitales y urbanas, alejadas de la lógica mercantilizadora, que no incluyan en su catálogo. Hay una ofensiva, somos conscientes, ¿no ?”. Todo parece indicar que enero ha sido el pistoletazo de salida de esta ofensiva. “Desalojemos Barcelona de okupas” ha sido el reiterado lema del portavoz del PP en Barcelona, que ahora quiere aplicar el Gobierno municipal. Pero, con todo, surgen voces solidarias. El cantautor Lluís Llach respondió al portavoz popular : “Lo que hay que desalojar de Barcelona es al PP”.

Un montaje que se desvanece

Una vorágine mediática presentó oficialmente el ‘caso Urgell’ como la indefensión de un ciudadano barcelonés al que tres ciudadanos chilenos le habían ocupado el piso ante la pasividad policial y judicial. Luego, sucesivas informaciones acabaron demostrando que el ’pequeño propietario indefenso’ era en realidad el propietario de toda la finca, que reside en una casa de dos pisos en la localidad de Alpens, y que los ciudadanos chilenos podían haber sido víctimas de una estafa. Pero hasta que esa realidad se hizo pública, la ceremonia de la confusión, los ataques criminalizadores contra la okupación y el miedo inducido a ‘la ocupación indiscriminada’ de pisos habitados, algo que el movimiento okupa nunca ha hecho, se expandieron a través de tertulias matinales, pánicos telefónicos y alarmismo en papel prensa. En paralelo, los máximos responsables políticos azuzaron pidiendo más represión y anunciando su voluntad de erradicar a los okupas de Barcelona.



 
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