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Lorena Zárate: “Las ciudades no se expanden por la migración, sino porque son un negocio”
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28-05-2018

En su densa visita a la capital catalana –que ha incluido un debate con la alcaldesa Ada Colau y una conferencia con el teniente de alcalde Gerardo Pisarello– Zárate ha respondido a las preguntas deLa Vanguardiasobre los desafíos de las ciudades y de un planeta cada vez más urbanizado.

Imagen © Eduard Pedrocchi / CIDOBArtículo e imagen original en el Diario La Vanguardia. Entrevista realizada por Meritxell M. Pauné

El‘derecho a la ciudad’vuelve a estar de moda: aunque existe al menos desde 1968, este concepto relativo a lacalidad de vida en las urbesha rejuvenecido desde su inclusión en 2016 en laNueva Agenda Urbana que aprobó la cumbre Hábitat III de la ONU. En la campaña electoral de 2019 será una expresión recurrente. La académica Lorena Zárate(La Plata, 1971), presidenta de la Coalición Internacional del Hábitat, es una de las mayores expertas en este ideario. Ha recalado en Barcelona esta semana como madrina y asesora estable del nuevo programa Ciudades globales del CIDOB.

El ‘think tank’ barcelonés sobre relaciones internacionales inicia una línea de investigación y reflexiónsobre municipalismo internacional y derecho a la ciudad, cofinanciado al 50% con el Ayuntamiento de Barcelona.


Este año se cumple justamente medio siglo de la teorización del ‘derecho a la ciudad’ por Henri Lefebvre. ¿Por qué el concepto resucita justo ahora?

No es casual. Hay una demanda ciudadana global de más participación en las decisiones y de acceso a los beneficios materiales, políticos y simbólicos que la ciudad ofrece. Se avanza en unas cosas y se retrocede en otras. Lefebvre se refería a la miseria en los suburbios de París y hoy refleja la precariedad de las periferias latinoamericanas o la falta de vivienda asequible en las capitales de Occidente. Ni hablar ya de las ciudades del África subsahariana y sureste asiático, donde miles de personas viven en condiciones infrahumanas.

La ONU calcula que en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, a la vez que alerta del riesgo de una crisis ecológica. ¿Es sensato este crecimiento?

El derecho a la ciudad no debe ser una apología de la ciudad, ni una glorificación de la vida en las grandes ciudades. No queremos más asfalto, torres y coches, ni más éxodo rural. Se trata de ofrecer una vida digna a cada territorio, lo que sí implica unos mínimos de planificación urbanística, infraestructuras de saneamiento y residuos, hospitales y escuelas... ¡También es ‘derecho al pueblo’! Al fin y al cabo, una gran urbe debe tener escala humana y la buena vida de barrio es muy parecida a vivir en un pueblo. La dicotomía campo-ciudad ya no nos ayuda a entender qué sucede, ni a transformar la sociedad.

¿Quién puede seguir creciendo, entonces?

Por supuesto no las megalópolis. De hecho, quién más crece hoy son las ciudades pequeñas –hasta 500.000 habitantes– y las ciudades intermedias que rondan el millón. Falta muchísimo estudio y análisis de qué está pasando en estas urbes regionales con fuertes roles transnacionales. Pero el encarecimiento del suelo en los centros propicia áreas de baja densidad en la periferia, que gentrifican las segundas coronas metropolitanas y tienen un alto impacto ambiental porque es donde quedaban zonas verdes y cultivos. Hoy el gran problema es la extensión de la ‘mancha urbana’, que de promedio ha crecido tres veces más que la población urbana. Las ciudades no se expanden por la migración, sino porque son un negocio: inmobiliario, electoral, financiero y turístico.

Un pareado grande en la periferia resulta más barato y atractivo para gran parte de la clase media que un piso pequeño en el centro.

Europa ha demostrado que puede haber densidad y calidad de vida, sin necesidad de grandes torres de pisos u oficinas. No es un milagro ni una utopía, se sabe y se ha hecho. Pero cuando se intenta densificar las ciudades del ‘sur’ global, se acaban haciendo torres o expulsando a los vecinos pobres del centro.

En Europa el ‘derecho a la ciudad’ ha quedado muy circunscrito a las izquierdas y, en consecuencia, sujeto a la rivalidad de los partidos. ¿Es un concepto lo suficientemente transversal?

¡Sí! Y la prueba es que la derecha y el centro-derecha sí lo abrazan en otros lugares. Que aparezca explicitado en los acuerdos de Hábitat III es un gran paso hacia la transversalidad, porque lo han firmado países de todo tipo. ¡Incluso gobiernos autoritarios y fascistas! Generó un gran debate que arriesgó toda la agenda: los países liberales lo consideraban un concepto marxista, mientras que los marxistas rechazaban a Lefebvre por heterodoxo… Es paradójico porque el ‘derecho a la ciudad’ cuestiona puntales del capitalismo como la propiedad del suelo o la democracia representativa, pero por otro lado a la mayor parte de las izquierdas carecen de agenda urbana y solo piensan en el Estado.

Precisamente el mismo día que se presentaba el programa Ciudades Globales del CIDOB arrancaba uncongreso internacional en Barcelona sobre áreas metropolitanas, que no se explicitan en Hábitat III. La metropolitanización ganan prestigio pero aún se estrella contra el recelo de los propios municipios.

Barcelona o Ciudad de México no pueden vivir de sí mismas, ni en lo material ni en lo sostenible. ¿Cómo se alimentan los vecinos, de dónde viene el agua potable, dónde enviamos los residuos…? También las políticas pierden eficacia en solitario, por ejemplo al luchar contra la contaminación. El reto está en cómo se gestiona eso políticamente y los intereses de los partidos. Hace falta un nuevo contrato social, que en general será más difícil donde haya más desequilibrio entre capital y periferia. En el actual contexto de globalización y crisis de los Estados-nación, el reacomodo metropolitano es clave.

Uno de los efectos de la globalización es el turismo de masas y la gentrificación. ¿Cómo se canaliza esta fuerza global en un terreno de juego local?

Es muy complicado. Por un lado porque los actores son cada vez más globales y abstractos, como una plataforma online, una franquicia… Y por otro porque pocos gobiernos locales han tenido la lucidez y la valentía de enfrentarse a cosas que están en la vida cotidiana de la gente y que agradan incluso. A mucha gente le parece bien que exista Airbnb porque lo usa cuando viaja o le genera recursos para pagar la hipoteca… Pero es un problema colectivo. Los gobiernos nacionales no están haciendo las regulaciones necesarias y los internacionales como la Unión Europea van muy lentos.

En Europa el enfoque mayoritario ha sido castigar la vulneración de la competencia desleal, más que la regulación de nuevos fenómenos.

Hay que romper por supuesto los monopolios, pero no pasando de un extremo al otro. El discurso de la libre competencia a veces consigue justo lo contrario, que las empresas abusivas se acojan a él para no ser reguladas. Ya se ha acuñado el término "extractivismo urbano”, en referencia a empresas de capital extranjero que explotan la marca, la fama, la belleza, la arquitectura de ciudades como Barcelona…y que si las destrozan se van a otra y ya está. Hay que dar oportunidades a otros actores, a la economía social y solidaria, al turismo sostenible…

También es muy crítica con la financiarización de la economía local.

Hay autoras como Saskia Sassen y Raquel Rolnik que lo han desarrollado mucho. Consiste en que los inmuebles se convierten mediante las hipotecas en activos financieros y paquetes de deuda que se compran y se venden. Un dinero abstracto que crece con algoritmos y operaciones matemáticas, pero que físicamente no existe y al que puede llegar a no importarse la propia materialidad de la casa hipotecada.

En los últimos años quién ha conquistado al ciudadano indignado con la globalización económica es más bien el proteccionismo. El ‘trumpismo’ le va ganando la partida al derecho a la ciudad, hoy por hoy.

De nuevo, hay que encontrar un término medio. El proteccionismo tiene elementos positivos, que han hecho desarrollar a muchos países a lo largo de la historia. El primordial es el afán por desarrollar los mercados internos con más capacidad de producción y de consumo local y mejores infraestructuras de movilidad, algo que el libre comercio hoy no prioriza. Pero tiene riesgos evidentes porque deriva en ultranacionalismos, xenofobia y un gran centralismo.

Las migraciones son otra gran contradicción global. La más dramática, quizá.

El derecho a la ciudad, ya desde Lefebvre, propone una redefinición de la ciudadanía. No solo entendemos como ciudadanos aquellos que nacieron en un lugar y tienen papeles, ni siquiera aquellos que viven todo el tiempo en ese lugar. Pueden ser personas que transitan, por supuesto inmigrantes pero también vecinos de otros municipios que trabajan y acceden a servicios en la capital. Importa de dónde te sientes y en qué territorio quieres tener voz. Incluso se habla ahora de ciudadanía global, con ideas locas como preguntar al mundo entero si en Barcelona hay que hacer tal cosa u tal otra. Debemos ser ciudadanos del mundo y a la vez de algún lugar.

El pensamiento fácil es que en Occidente hay más calidad de vida urbana, ergo más derecho a la ciudad.

Pues no. La polis, el agora, la civita… hay elementos de la cosmovisión occidental que siguen siendo muy relevantes y positivos para avanzar hacia la vida buena en la ciudad. Pero también hay conceptos indígenas como el buen vivir andino, los derechos de la naturaleza o la ayuda mutua en los tekios, que pueden enseñarnos mucho sobre cómo ruralizar la vida urbana para adaptarla a los ritmos del cuidado y a la escala humana.

Puede leer el artículo original en el Diario La Vanguardia


 
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