Habitat International Coalition
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El poder judicial mexicano admite cinco demandas para defensa colectiva frente a los desalojos en la Ciudad de México
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Fuente: HIC-AL
23-07-2019

La decisión viene después de la modificación del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y representa un hito en términos de la lucha contra los desalojos forzosos y el derecho a una vivienda adecuada.

Tras la presión de diversos grupos de vecinos/as, inquilinos/as, comunidades y personas desalojadas, el Poder Judicial de la Federación ha decidido analizar la inconstitucionalidad de las modificaciones realizadas al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías. Los grupos involucrados en la demanda acusan que el Congreso de la Ciudad de México habría cometido una medida regresiva en contra del derecho humano a una vivienda adecuada. La decisión representa un marco por ser una de las primeras vezes en que se litiga el tema de los desalojos en Ciudad de México desde la perspectiva del derecho a una vivienda adecuada. 

Frente a una série de críticas y presion de parte de los medios y del sector inmobiliario, el pasado 31 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México ha decidido modificar el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías que se refería a los desalojos forzosos. Con la modificación, se eliminó la exigencia de que los desalojos forzosos solo se lleven a cabo en casos de excepcionalidad, siendo las autoridades competentes responsables por garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, se estima que en la Ciudad de México se expulsan cerca de 30 mil hogares cada año.

Para las entidades involucradas en el litígio (Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), TECHO México y el abogado Carlos Luis Escoffié Duarte), el cambio constituye una medida regresiva contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, señalan que las modificaciones al artículo 60 eliminaban la obligación estatal de generar datos estadísticos sobre personas desalojadas, con la finalidad de generar políticas públicas adecuadas a enfrentar el fenómeno.


Lea el comunicado completo aquí.
Para más informaciones, consulte la web y las redes de HIC-AL.
 
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• Derechos a la vivienda y a la tierra/Derecho a la vivienda adecuada   • Movimientos sociales Procesos populares   
 
   
 


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